viernes, 26 de febrero de 2010

“SI FUERA YO QUIEN TOMARA LA DECISIÓN”


En los últimos días he escuchado en varias emisoras, algunos comerciales del gobierno nacional con los que quieren resaltar las bondades de los decretos de la emergencia social. Entre tanta cosa que el gobierno hizo es lógico que hubiese algunos elementos que se podrían resaltar como positivos pero indiscutiblemente quedan minimizados por lo equivocado que fue el contexto general de la normatividad, que con justa razón ha recibido un unánime y rotundo rechazo por parte de todos los colombianos a pesar de la insistencia del presidente en defenderlos.

Mucho se ha hablado de la inconveniencia tanto para el goce pleno del derecho a la salud, como para el ejercicio ético de las ciencias de la salud y no voy a recalcar más en ello. Quiero presentar algunas alternativas que serían las medidas que propondría si fuera yo quien tomara la decisión.
Según análisis del mismo Ministerio de Protección Social, el déficit del sector salud asciende a casi 2 billones de pesos y las reformas propuestas en el mejor de los casos y según los cálculos de los más optimistas, no alcanzaría a recaudar 0.8 billones de pesos en el transcurso de un año, pero cumplido este plazo ya el sistema tendría un déficit de 3 billones, lo que en esencia haría que los decretos y todo el mare mágnum que han generado fueran inoficiosos. Y sobre este tema radica mi primera propuesta: Necesariamente tendremos que usar recursos de los 7 billones que hoy se encuentran en el FOSYGA, finalmente para eso existe este fondo, para compensar el sistema cuando este se desequilibre.

Como segunda medida, tendremos que establecer mecanismos y exigirle a la superintendencia de salud que cumpla cabal y eficientemente su responsabilidad, y no permita que los diferentes actores del sistema evadan su compromiso o dilaten el tiempo en el cual lo deben cumplir, en especial aquellos responsables de la intermediación del recurso económico que con su dilación en el flujo someten a prestadores y proveedores a un permanente déficit que necesariamente conlleva a la falta de capacidad para ofrecer servicios oportunos y con calidad.

Por último considero que a los entes territoriales departamentales se les debe entregar mayores responsabilidades, pero a su vez mayores herramientas que les permita desde esa instancia, hacer mayor y mejor vigilancia y control de la red de prestadores de su región y a su vez, garantizar una mejor coordinación y planificación del desarrollo de la red pública en cada departamento. Esto permitiría tener un nivel de control y de decisión oportuna y más próxima a cada uno de los actores del sistema de salud. El estado colombiano debe confiar más en la capacidad de su red pública, pero debe disponer de recursos económicos para fortalecerla y modernizarla, y de herramientas jurídicas para vigilarlas, controlarlas e intervenirlas cuando corresponde con mayor celeridad y eficiencia.

Nota Adicional: ¿Por qué será que tantos desempleados en las regiones de Antioquia encontraron empleo o por lo menos ingresos, justo en estos meses de efervescencia electoral de cuenta de algunas administraciones del Área Metropolitana y de la Gobernación de Antioquia?

viernes, 19 de febrero de 2010

"LA CULTURA TRAQUETA"


Con mucho esfuerzo mis padres nos levantaron en un barrio de clase media, construido por el instituto de crédito territorial, poblado en su mayoría por familias de bien que con dificultades, pero con mucha dignidad tenían como máxima preocupación educar bien a sus hijos. Una muy buena casa, con piso de baldosa roja que mi madre mantenía bien brillado, tres habitaciones y un solo baño para papá, mamá y cuatro hijos y nunca tuvimos una dificultad por tener que compartirlo. Sin embargo, en esa época de los 80, a nuestra casa también llegó esa equivocada influencia de la cultura “traqueta” que hizo que la casa que no tuviera piso de mármol y cada habitación con baño, se viera como de menor categoría, pues en mi casa no se puso mármol pero si les dió por tapizarla y hasta ahí llego la tranquilidad de aquellos felices y mugrosos adolecentes que éramos entonces.

Esa cultura traqueta tergiversó toda la estructura de valores de nuestra sociedad, llevándola a lo que hoy es un país donde lo único que importa es lo que se pueda comprar con pesos, y donde por tener pesos se hace lo que sea, inclusive quitarle la vida al otro. Mi barrio y mi casa no fueron ajenos a esta influencia. Por respeto a la amistad que tuvimos no doy el nombre de todas esas amigas de cuadra con las que crecimos y a las que les robábamos besos en los bailes de garaje, las mismas que después no nos determinaban, porque los mafiosos las habían seducido, eso sí, hasta cuando quedaban embarazadas, abandonadas o viudas, allí si volvimos a ser sus paños de lágrimas. Y mucho menos voy a mencionar a todos esos amigos del alma que creyeron que ese era el mejor camino y hoy, ya no existen.

Esa misma distorsión de valores es la que tiene hoy a las jóvenes de todos los estratos haciendo lo que sea para ponerse senos más grandes, nalgas, respingarse la nariz y vestirse con lo más caro; y a los jóvenes jugándose la vida por querer tener y hacer lo que hacen “los duros”.

Suficiente es haber vivido y padecido esta tragedia nacional que son los mafiosos, bastante es haber tenido en cada uno de los hogares de Medellín y de Antioquia como mínimo, un gran dolor causado por esta lacra de nuestra época, porque ningún hogar se ha escapado de ella; para tener que aguantarnos que los canales de televisión nacional nos restrieguen todo los días en nuestra cara ese dolor que muchos no queremos seguir viviendo. ¿Cuál es el objetivo para que nuestra programación en horario triple A esté plagada de producciones como El Cartel de los Sapos, Las Muñecas de la Mafia, El Capo y Rosario Tijeras entre otros? ¿Se justifica que por un interés meramente comercial los grandes bandidos de nuestra nación y sus acciones más atroces sean convertidos en los paradigmas a seguir por las nuevas generaciones?

Parecería que esa cultura de que sólo importa lo que se compra o se vende por pesos, si justifica que hoy estemos recibiendo cursos intensivos de cómo hacerse prostituta, mafioso, sicario o como conseguir dinero rápidamente así no tenga tiempo para disfrutarlo. Fácilmente veremos muy pronto que en los noticieros de estos mismos canales nos dirán: “y el siguiente asesinato es patrocinado por…”

Nota adicional: a propósito de Las Muñecas de la Mafia, me contaron en el suroeste que por ahí habían varias haciendo política.

viernes, 12 de febrero de 2010

¡TAN “OLÍMPICOS”!


¿Cuántos padres responsables en Medellín o en cualquier ciudad de Colombia, son capaces de acostarse a dormir tranquilamente en las noches, a sabiendas que sus hijos o hijas, como es mi caso, aún están por fuera de la casa? Por lo menos yo no soy capaz.

Y no es un problema de confianza o desconfianza sobre ellos, la incertidumbre es si estarán o no en el lugar, en el momento y con las personas adecuadas. Ese desvelo del que sé, padecemos muchos, con seguridad se deberá vivir con mayor dolor en aquellos barrios donde el conflicto se vive día a día o minuto a minuto.

Un grupo de ciudadanos, todos de bien, han buscado la posibilidad de acercar a los grupos violentos, explorando la posibilidad de una tregua y así apaciguar la tragedia que se está viviendo en los barrios de nuestra ciudad. Razón podrán tener aquellos que digan que con estos acercamientos solo se lograría tener una paz ficticia. Pues prefiero esto a tener que seguir sumando jóvenes muertos en la ya larga lista de una generación que está desapareciendo por las balas en Medellín. Y estoy seguro que también lo prefieren aquellas madres que no pueden llevar a sus hijos al colegio, no pueden salir tranquilas a comprar la leche, o simplemente no pueden convivir con sus vecinos, porque los enfrentamientos no les permite ejercer el libre y soberano derecho de “andar la calle” y por el contrario, solo las están transitando en cortejos fúnebres enterrando a sus hijos.

Tan “olímpicos” aquellos que simplemente señalan y critican a valerosos ciudadanos que son capaces de buscar, conversar, y proponerles algo a aquellos tan violentos a quienes la mayoría de cobardes colombianos no somos capaz ni siquiera de acercarnos. Les han propuesto una tregua, no de los delincuentes con el Estado, sino entre ellos, lo que no comprometería para nada el ejercicio pleno de la justicia y de la fuerza pública. Es preferible tregua que guerra, tregua puede ser el primer paso para el acercamiento de un tercero que los invite al sometimiento a la justicia.

No entiendo entonces que reclama el gobierno: ¿sometimiento?, éste no ha sido capaz de lograrlo ni por la vía de la convicción, ni de la fuerza, sin embargo la frustrada tregua no habría limitado las posibilidades del gobierno para que con sus herramientas constitucionales lo impusiera. No obstante el apresuramiento, el afán mediático, el miedo, la incapacidad o no sé qué otra extraña fuerza humana volvió otra vez a frustrar la posibilidad de por lo menos evitar una muerte y un dolor más a cualquier habitante de nuestra ciudad y esto solo hubiese justificado para mi cualquier acercamiento y cualquier pacto, máxime si este no atentaba contra la soberanía de nuestras instituciones.

Quisiera poder tener la tranquilidad de dormir, sabiendo que mis hijas no están corriendo el riesgo de estar en el lugar equivocado, donde se presente uno de los ya tristemente cotidianos enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Quisiera tener la tranquilidad de saber que para todos los colombianos la vida fuera el más precioso bien y que todos buscáramos protegerlo de los bandidos violentos, con treguas, sometimientos y preferiblemente por la efectiva acción de la fuerza pública.

viernes, 5 de febrero de 2010

EMERGENCIA SOCIAL A LOS BROCHAZOS


Juntos Por La Vida

Desde hace dos años y medio le solicité al señor Presidente de la República que se liberaran los recursos del Fosyga para atajar a tiempo la grave situación que vivía el sector salud, situación que hoy pasó a convertirse en una realidad intolerable. La tardía respuesta son unos decretos que no fueron suficientemente concertados, explicados y socializados.

Es cierto que algunos profesionales de la salud no siempre actúan dentro del marco científico y que pueden generar importantes sobrecostos económicos y sociales, y en muchas ocasiones con serias repercusiones en la salud de los usuarios. Pero el control de estas conductas ya estaba contemplado en el código de ética, en las reglamentaciones de Comité Técnico Científico, en los comité de auditoría de las instituciones y era precisamente con las sociedades científicas con quien habría que haber planteado estrategias para que el quehacer medico se acogiera a lo que cualquier ciudadano del común esperaría, es decir, una actuación dentro del leal saber y entender en su disciplina enmarcado en unos parámetros científicos.

De otro lado, una sociedad moderna no puede tolerar que un enfermo con posibilidad de recuperación se deje a su suerte por el simple hecho de que los recursos de un fondo se agoten. Eso no puede caber en la cabeza de un demócrata convencido de que el estado moderno existe en función de las necesidades fundamentales d

La cofinanciación de los servicios no POS o de los servicios ahora llamados excepcionados, por parte de los usuarios no es un invento del gobierno, sino que es uno de los cuatro criterios que la corte constitucional ha esgrimido desde hace mas de diez años en cada uno de los fallos de tutela que le ha correspondido realizar, y existe una larga historia de tutelas denegadas porque en concepto de la corte el usuario tenía capacidad para pagar el servicio. Lógicamente esto se ha aplicado cuando se ha demostrado ingresos superiores por parte del usuario pero, trasladar ese criterio de la corte a todas los estratos sociales es no solo inviable sino además regresivo y éticamente reprochable, por el simple hecho de condenar a un usuario a la imposibilidad de acceder a un servicio. Es claro que aquí los decretos se equivocaron, que no fueron adecuadamente dimensionados, que no tuvieron criterios de alcance, que no tuvieron elementos de concertación, y esto fue patéticamente visible con la “patraciada” del señor Ministro de Protección Social cuando en medio de los gagueos aclaraba que ya no se iban a tocar las cesantías, dejándonos en la incertidumbre de a qué patrimonios o qué capital del usuario se refería cuando trataba de justificar la medida.

No podemos seguir aceptando que la salud de los colombianos se siga manejando con los pies. O hacemos un gran pacto entre todos los actores del sistema que permita hacer una reestructuración a fondo, o seguiremos cuesta abajo en la rodada, sin nada que nos pare, sin saber que nos pasó.

lunes, 1 de febrero de 2010

RENACUAJOS DE CIEN MIL


Escandalosa para muchos fue la propuesta hecha por el señor Presidente el pasado martes 26 de Enero en la ciudad de Medellín. Propone el mandatario pagar $100.000 mensuales a mil jóvenes estudiantes de los barrios de Medellín, con el fin de conformar una red de informantes que le ayuden a las autoridades a identificar y combatir los focos de delincuencia que hoy tienen sumida a la capital antioqueña y muchas otras capitales del país en una verdadera crisis social.

Si bien, creo en la política de estímulos por información y efectividad de esta, no creo que ésta política deba ser segmentada por grupos específicos. Primero porque los hace fácilmente blanco de quienes inmediatamente se auto proclamaran sus enemigos y segundo porque se corre el riesgo de que se auto identifiquen y se congreguen en micro redes que desvíen su fin primordial y terminen de cuenta del estado, siendo fuente de más delincuencia; sustento esta segunda preocupación en la mala experiencia de las convivir, las cuales terminaron en gran parte como miembros o colaboradores de los grupos paramilitares.

Todos sabemos que el problema en los barrios de las ciudades colombianas está protagonizado en gran medida por los jóvenes, también tenemos que reconocer que es este grupo poblacional la mayor víctima a su vez de esta crisis. Basta ver las estadísticas de medicina legal en Medellín para el año 2009, donde el 43% del total de muertes violentas, fueron jóvenes de 11 a 25 años. Si la problemática está en los jóvenes, es lógico que sea con ellos y hacia ellos que se deben orientar las políticas y acciones, pero no involucrando a más de ellos en la espiral violenta que se está viviendo.

Esos cien millones de pesos que se “invertirían” mensualmente en esta política no de “sapos” sino de “renacuajos”, se podrían aplicar mejor a disminuir mediante becas o créditos la alta deserción escolar y universitaria de la ciudad, que hoy está en el 5.4% o para garantizar el acceso a estudios superiores a ese 69% de jóvenes que egresan de nuestros colegios y no tienen esta posibilidad o para generar más fuentes de empleo a esos profesionales que en promedio se demoran 2 años en conseguir una vinculación en un área correspondiente a su formación o para promover estímulos a la formación de micro y fami-empresas de jóvenes empresarios, o, para garantizar acceso gratuito a internet en toda la ciudad. Es preferible tener a nuestros adolecentes y adultos jóvenes pegados al internet que pegados de un “bareto” o de un arma, y es posible enseñarles a manejar bien esta herramienta de la tecnología versus lo imposible que es darle buen uso a la marihuana, cocaína, bazuca, a los puñales, y changones.

Creo en la seguridad democrática. En gratitud por ella votaría por el presidente Uribe si pudiera y quisiera aspirar de nuevo a una segunda reelección para ser nuestro primer mandatario, pero también creo que nuestra responsabilidad es salvar esta generación que está entre los 15 y 25 años deambulando por las calles de nuestros barrios, buscando alternativas dignas y legales pero sometido al influjo y a la tentación del dinero fácil, y unas de esas tentaciones podría ser el convertirse en “renacuajos” de cien mil.