Conocido el jueves de la semana anterior, el informe del Comité global de políticas antidrogas, integrado por algunos ex mandatarios de Latinoamérica y otros líderes mundiales, entre quienes estaba el ex presidente Cesar Gaviria, quien se encargo de su amplia difusión en los medios colombianos. Se abre nuevamente la amplia y en muchos casos bien argumentada discusión sobre la posibilidad, necesidad y utilidad de la despenalización de algunas drogas alucinógenas y en este caso especifico, del cannabis.
Que este informe haya sido presentado en el hotel Waldorf Astoria de New york, es para muchos el símbolo fehaciente, de que quienes suscriben este informe, con seguridad leyeron y aprobaron lo que otros les hicieron, pero definitivamente ellos, alejados por completo de la cotidiana realidad de las calles de los países de los cuales provienen. Difícilmente Fernando Henrique Cardosos, habrá vuelto a subir a algunas de las favelas de Rio de janeiro, o Kofi Annan ex secretario general de la ONU y la ex mandataria suiza Ruth Dreifuss, habrán vuelto a bajar la ventanilla polarizada de su blindada limosina, no para ver lo que pasa en las calles de los barrios marginados, porque sus caravanas no transitan por allí, si no para ver y respirar lo que ven, viven y respiran el común de los humanos en este planeta.
Contradictorio sería creer, que “despenalizar la utilización de drogas que no causen daño a otros”, será efectivo para combatir este flagelo. El problema va mas allá de la condición de salud particular y de salud pública en general, si este fuera el único, efectivas serían las campañas de prevención y promoción del no consumo. Sin embargo según ellos mismos, el uso de opiáceos ha aumentado en un 35.5%, de cocaína en un 27%, de cannabis en un 8.5%, entre 1998 y 2008. En gran medida, estimulado por aquellos que se iniciaron en el consumo por la facilidad de acceso a una “aventura”, que luego se habituaron porque lo que consumían no causaba mucho daño ni afectaba o otros, después sintieron la necesidad de experimentar algo más fuerte y terminaron induciendo, vendiendo y protegiendo el negocio que les garantizara el consumo propio.
Despenalizar la dosis mínima, como sucedió en Colombia y ahora el consumo en general, no traería beneficio, porque la producción, comercialización y el porte sigue siendo un delito. Seguirán en las afueras de los colegios, los “jibaros” ilegales, induciendo al consumo legal; en los parques públicos nos niños estarán a merced de los inescrupulosos ilegales, ávidos de más clientes legales; en los barrios de todo el mundo, los jóvenes se estarán matando por proteger los expendios ilegales, donde venden dosis mínimas legales.
Con certeza y según el criterio del ex presidente Gaviria, “habrá menos gente en las cárceles por consumo ilegal”, y también más niños y jóvenes en las calles, porque la adicción fruto de la cadena que generará la despenalización, los tirará allí. Si bien la adicción hay que entenderla como un problema de salud pública e inclusive de protección social, su génesis que en gran medida está en la producción y comercialización, debe ser enfrentada con drásticas y cada vez mayores medidas sancionatorias.
Que este informe haya sido presentado en el hotel Waldorf Astoria de New york, es para muchos el símbolo fehaciente, de que quienes suscriben este informe, con seguridad leyeron y aprobaron lo que otros les hicieron, pero definitivamente ellos, alejados por completo de la cotidiana realidad de las calles de los países de los cuales provienen. Difícilmente Fernando Henrique Cardosos, habrá vuelto a subir a algunas de las favelas de Rio de janeiro, o Kofi Annan ex secretario general de la ONU y la ex mandataria suiza Ruth Dreifuss, habrán vuelto a bajar la ventanilla polarizada de su blindada limosina, no para ver lo que pasa en las calles de los barrios marginados, porque sus caravanas no transitan por allí, si no para ver y respirar lo que ven, viven y respiran el común de los humanos en este planeta.
Contradictorio sería creer, que “despenalizar la utilización de drogas que no causen daño a otros”, será efectivo para combatir este flagelo. El problema va mas allá de la condición de salud particular y de salud pública en general, si este fuera el único, efectivas serían las campañas de prevención y promoción del no consumo. Sin embargo según ellos mismos, el uso de opiáceos ha aumentado en un 35.5%, de cocaína en un 27%, de cannabis en un 8.5%, entre 1998 y 2008. En gran medida, estimulado por aquellos que se iniciaron en el consumo por la facilidad de acceso a una “aventura”, que luego se habituaron porque lo que consumían no causaba mucho daño ni afectaba o otros, después sintieron la necesidad de experimentar algo más fuerte y terminaron induciendo, vendiendo y protegiendo el negocio que les garantizara el consumo propio.
Despenalizar la dosis mínima, como sucedió en Colombia y ahora el consumo en general, no traería beneficio, porque la producción, comercialización y el porte sigue siendo un delito. Seguirán en las afueras de los colegios, los “jibaros” ilegales, induciendo al consumo legal; en los parques públicos nos niños estarán a merced de los inescrupulosos ilegales, ávidos de más clientes legales; en los barrios de todo el mundo, los jóvenes se estarán matando por proteger los expendios ilegales, donde venden dosis mínimas legales.
Con certeza y según el criterio del ex presidente Gaviria, “habrá menos gente en las cárceles por consumo ilegal”, y también más niños y jóvenes en las calles, porque la adicción fruto de la cadena que generará la despenalización, los tirará allí. Si bien la adicción hay que entenderla como un problema de salud pública e inclusive de protección social, su génesis que en gran medida está en la producción y comercialización, debe ser enfrentada con drásticas y cada vez mayores medidas sancionatorias.
