Me lo dijo Gardeazabal

Hace 10 meses, estando en la recta final de la campaña para llegar al Senado de la Republica, tuve la oportunidad de entrevistarme en Medellín, con dos personajes de los medios de comunicación nacional, uno de ellos escritor valluno, hoy dedicado al periodismo, el cual tiene fama de ser uno de los hombres más informados del país, gracias a que es visitado en su finca de residencia por un gran número de personalidades de la vida nacional, que desean congraciarse con él, o con la esperanza que diga algo que le sirva a sus intereses o simplemente, buscan una aclaración o rectificación de un tema, que en el parecer de los visitantes, amerita una enmienda.
Debo admitir que la entrevista fue además de amena, interesante; pude corroborar lo que decían, este personaje, realmente estaba bien informado y tenía una clara visión del panorama político nacional y de cada una de las regiones. Sin embargo, hubo un comentario al final de la conversación que me dejo muy inquieto, más aun, después de observar la gran cantidad de información que tenia, me dijo: ”pues rece para que su jefe no se caiga antes de las elecciones”, cuando le pedí alguna aclaración me dijo, “son muchos los enemigos que lo quieren tumbar y le están esculcando todo”. Afortunadamente y gracias a no tener rabo de paja, el entonces Ministro del Interior, ni se cayó, ni salió mal salido del Gobierno Nacional, por el contrario fue el ultimo escudero que acompaño a Uribe al salir del Palacio de Nariño y el primero en defender su obra de gobierno.
Este solo relato, para preguntar si ¿no es verdad que en el país hay algunos medios de comunicación, algunos miembros de las cortes y algunos personajes de la vida pública nacional, interesados en desprestigiar al gobierno de Álvaro Uribe y decir hoy que fue solo una empresa para delinquir?. Es evidente el complot urdido por quienes se vieron apartados, develados o investigados y denunciados por el gobierno de la seguridad democrática. Como las aves de rapiña, esperaron a que el sol estuviera a las espaldas de su presa, para atacarla y eso es exactamente lo que hoy presencia la sociedad colombiana. Unos medio de comunicación, que por defender a ultranza su monopolio de la televisión, manteniendo solo dos canales privados, convirtieron en su enemigo a quien por muchos años defendieron y acompañaron, hoy todo les parece irregular. Unos Ministros hoy, que no lo pudieron ser ayer, que son incapaces de ocultar su rencor burócrata y que no se miden en decir que Uribe y sus ministros gobernaron y firmaron hasta el último día. ¿Que pretendían, que dejaran de gobernar meses antes?, ¿que pararan al Estado?, están escupiendo al cielo, ya veremos hasta cuando firmarán y mandarán ellos. Y unos jueces y Magistrados, que no le perdonaron el haber sido el único capaz de enfrentarlos y denunciar la corrupción que hoy padecen las altas cortes y la justicia, por las amistades y relaciones indebidas de algunos de sus miembros.
¿Quién dijo entonces que lo que hoy pasa no es un problema político? Lo es, y del más alto nivel. ¿Por que no, quienes son perseguidos y no encuentran garantías procesales, pueden buscar protección aun por fuera de la patria? ¿Por qué criticar la vehemencia del ex presidente Uribe, ayer y hoy, en su defensa y en la de sus amigos? Bien clarito me lo dijo Gardeazabal, “son muchos los enemigos que no lo van a dejar en Paz”.

El peor momento

En 1996 se discutió en la Asamblea Departamental de Antioquia, una de las mayores transformaciones hechas a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA). La Ley 100 de 1993 había creado las Empresas Sociales del Estado (ESE) como prestadores públicos de servicios de salud y prohibió que los entes territoriales cumplieran estas funciones. Surge entonces la obligatoriedad de trasladar gran parte del personal adscrito a la DSSA, que ejercían funciones en los hospitales locales y regionales, a estas nuevas entidades, las cuales en su mayoría serían de carácter municipal y de primer nivel. Posteriormente, en la misma instancia y en cumplimiento de la misma Ley, se discutió y se determinó la cesión a estas nuevas empresas, de todos los bienes inmuebles pertenecientes al Departamento, que fueran utilizados por las ESE para la prestación de servicios de salud; también se determinó delegar muchas funciones a estas entidades o a los municipios y cancelar otras, además de liquidar el Laboratorio Departamental. Justo en la discusión de este ultimo punto, se planteo la creación de una EPS departamental, que prestara servicios de todo tipo y manejara el Régimen subsidiado en nuestro territorio, para aprovechar así la infraestructura, la red de servicios, el conocimiento y la capacidad multinivel de prestación de servicios, que para ese momento había logrado adquirir la red publica departamental.
No existiendo para ese entonces mayor normatividad que regulara la integración vertical, es decir, que los administradores del recurso financiero (EPS) pudieran además ser o tener Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), era muy viable en ese momento la creación de una EPS publica o una Administradora de Régimen Subsidiado (ARS) con este mismo carácter. Aun hoy más que viable, es necesario pensar en una gran IPS departamental que integre y fortalezca los diferentes niveles de atención que hay en nuestro territorio, unos de carácter municipal y otros departamental. De la misma manera es viable y necesaria hoy, por lo menos la asociación de las ESE, para adquirir ciertos bienes y prestar algunos servicios, como lo están haciendo en el oriente con la red de ambulancias.
Me he enterado por los medios de comunicación, que algunos concejales y funcionarios quieren promover un proyecto de acuerdo para la creación de una EPS pública del municipio de Medellín. Hoy creo, que es el peor momento para pensar en ello, en la actualidad, las leyes limitan la integración vertical, a la luz de la normatividad vigente, sería difícil la coexistencia de esta EPS con Metrosalud y el Hospital General, todos en propiedad del Municipio. Aun salvando este primer escollo, habrá también que estudiar a profundidad las razones por las cuales todas las EPS del régimen subsidiado se han retirado de Medellín, incluyendo las cajas de compensación. Prestar y pagar servicios de salud en esta ciudad es más costoso que en otras del país, precisamente por el desarrollo tecnológico, si fuera rentable ¿entonces por qué se fueron? Pero además el futuro es mucho más incierto que el presente; cursan en el momento en el Congreso cuatro Proyectos de Ley para modificar el sistema de seguridad social en salud, terminaran en uno, posiblemente muy cercano a lo que presenta el Gobierno, pero allí se intervendrán temas como: unificación de regímenes, sin saber todavía como esto afectará financieramente a las EPS; Ampliación de cobertura, algunos llegan a pedir incluso que esta sea universal, o sea que cubra todo, para esto todos tendremos que poner, ¿cuánto le tocará a las EPS?, ¿cuánto a las IPS?, ¿cuánto al Estado? y ¿cuánto a los ciudadanos?; nuevas fuentes de financiación para el sistema, con seguridad a los entes territoriales les corresponderá un buen aporte para mantener vivo y hacer eficiente el sistema; mayores herramientas y delegación de funciones a los entes territoriales para la inspección, vigilancia y control del sistema, ¿podrá entonces el municipio ser juez y parte del servicio?. Para empezar dejo estos cuatro temas, de los muchos que se están tratando en las discusiones de la reforma, para sustentar que es imposible hoy, querer embarcar al municipio de Medellín en un proyecto que tiene más incertidumbre que certeza y más posibilidad de fracaso que de éxito, en virtud de la incertidumbre.
Con los cambios de la normatividad en salud, que ha evolucionado en Colombia de un sistema de beneficencia, a uno de aseguramiento, luego a la Seguridad Social y hoy tratando de llegar a la Protección, mi pensamiento sobre la necesidad de una EPS publica en Antioquia o Medellín, también ha variado, para no ser pretencioso diciendo que ha evolucionado, hace 15 años creí que era necesario; hace 4 años, antes de la Ley 1122 del 2007, lo veía viable mas no necesario; hace 2 años, después de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, me parecía riesgoso; y hoy, creo que es el peor momento, inclusive para discutir el tema.

¿A quién se va a reparar?

Ni habiendo vivido en un hueco durante los últimos 20 años, alguien podría desconocer el gran problema humanitario que nuestro país ha padecido en virtud de la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares; y derivados de ellos, otros males no menores, como los desafueros de la fuerza pública, la delincuencia común y la corrupción pública y privada. Una de las mayores consecuencias de estas lacras, es el desplazamiento forzado de la población, la usurpación de sus bienes patrimoniales y la muerte, asesinato o desaparición de miles de compatriotas.
En buena hora el Gobierno Nacional y los partidos políticos, así se peleen como aves de rapiña la autoría de los proyectos, han decidido proponer políticas para la reparación a las víctimas, la restitución a los despojados de sus bienes y la repartición equitativa y justa de la tierra en Colombia, entre los más necesitados. Sin embargo surgen grandes dudas: ¿a quién se va a reparar?, ¿Cuáles son los colombianos verdaderamente merecedores de la restitución, reparación o repartición de lo que el Gobierno y el Congreso consideran justo?, ¿son todos los que se dice?, ¿están todos los que fueron?
Lastimosamente en Colombia, se adolece en casi todos los sectores de un mismo mal, las deficientes bases de datos; deficientes no necesariamente por falta de información, sino por la poca veracidad de estas o su poca fidelidad. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, en nuestra patria en el 2008 se desplazaron 380.863 personas y en el 2009 fueron 286.389; para Acción Social de la Presidencia en el 2008 fueron 315.512 y en el 2009 fueron 168.647. Según Codhes, en los últimos 25 años en este país, se han desplazado forzadamente 4´915.574 personas, de los cuales en el período 2002-2009 fueron 2´412.834. Para Acción Social, en el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, en el periodo 1999-2010, aparecen inscritos como desplazados forzadamente 3´486.305. Ni el sistema de Codhes, ni el de Acción Social, tienen habilitada la función matemática de restar, quiere esto decir, que si en una población hay un desplazamiento, sus habitantes retornan en poco tiempo y luego son re desplazados, esta población fue contada dos o más oportunidades, según las veces que se tuvieron que desplazar y fueron censados. Tampoco se resta a aquellos que ya no son desplazados, por que en Colombia, ni para el Estado ni para las ONG, está determinado con claridad cuando cesa la condición de desplazado.
Igual sucede con las víctimas del conflicto colombiano: ¿cuántas de las 150.000 víctimas de los paramilitares, por no hablar de los de la guerrilla, que reporta la fiscalía, murieron por causas ajenas al conflicto interno, en riñas callejeras, conflictos pasionales o aun en accidentes furtivos, pero gracias a un “pícaro” consejero, terminaron haciendo la declaración como víctima del conflicto en busca de una reparación del Estado? Más complicado es el tema de tierras, ¿cuántas de las supuestas 5.5 millones de hectáreas despojadas y forzadas a abandonar por 380.000 familias, según Codhes, son realmente susceptibles de ser recuperadas y devueltas, o de las 2´000.000 de hectáreas que pretende repartir el Gobierno Nacional a través de la Ley de tierras, están verdaderamente saneadas legal y socialmente?.
En un país de avivatos y en una sociedad que poco a poco se ha acostumbrado a sostenerse con el menor esfuerzo, condición alimentada por el alto nivel de subsidios incontrolados; con unos funcionarios públicos, como algunos personeros municipales que a cambio de un voto, sin escrúpulos dan cartas de desplazados y de victimas a quien no lo es; donde se volvió rutina ayudar con certificaciones y testimonios falsos para que miles de compatriotas, sin justificación se vallan como asilados políticos a otros países; donde se entra a un sistema como desplazado y a pesar de que su condición ya sea boyante, el sistema lo mantendrá con ese estatus por siempre. No se sabrá realmente quien merece el beneficio y con toda seguridad, de no establecer certeros controles, serán los avivatos los que se aprovecharan de él, manteniendo a los violentados sumidos en una profunda miseria.

“Los errores de los médicos…”

Cuando de juzgar a los profesionales de la salud se trata, y sobre todo con los médicos, siempre se es implacable. Sea en las reuniones sociales, en las comidillas de barrio o de pueblo, o en los estrados judiciales, a ellos se les trata sin consideración, no se les admite mal temperamento, mala presentación, y mucho menos un equívoco técnico. En las Cortes, existe la premisa de “ser profesionales de alta formación técnica”, lo que para muchos significa que lo deben saber todo. A un médico, no se le perdona que al ser consultado dude, y mucho menos que diga no sé. Y hasta razón tendrán quienes juzgan así, a estos profesionales solo les confiamos dos cosas: la salud y la vida, no más estas dos “bobaditas”, de allí la validez del refranero popular cuando dice: “los errores de los médicos se tapan con tierra”.
Quienes asumen la responsabilidad de formarse en estas áreas, saben antes o durante sus estudios, cual es la responsabilidad que asumen y cual el costo de sus errores, y al terminarlos, refrendan su compromiso haciendo el juramento Hipocrático. Por eso tanto sacrificio: antes, porque difícilmente un mal estudiante del colegio ingresará a una facultad de medicina; durante, por que el costo económico, personal y aun social para lograr mantenerse en la universidad es muy alto; y después, porque bien lo enseñan los maestros, médico que deja de estudiar un día se desactualiza un año.
Sin embargo, este grado de exigencia y este nivel de observancia con los profesionales de la salud, no se compadece con la remuneración que tal nivel de responsabilidad demandaría. Hoy los médicos generales están sometidos o la más inmisericorde explotación, por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, a demás de coartar su capacidad profesional, limitándoles el tiempo y los recursos técnicos, sus salarios son paupérrimos. Muchos empleadores los contratan con un básico, de un salario mínimo mensual vigente y sobre este pagan a la seguridad social y el resto lo entregan a manera de bono o bonificación, lo que nos llevará a tener varias generaciones de médicos jubilados con un salario mínimo. Otros, que son la mayoría, deben trabajar turno y medio o dos turnos, para poder tener un nivel salarial medianamente digno, que les permita educar a sus hijos con calidad y vivir decentemente. ¿Es justo esto con un profesional que requirió 11 semestres de formación universitaria, dos de internado, uno de rural y la obligación de estudiar diariamente y estar en permanente actualización?
Todos los proyectos de Ley que actualmente cursan en el Congreso, que buscan modificar el sistema general de seguridad social en salud, están proponiendo como eje rector, la atención primaria en salud (APS), servicio que estaría sustentado en los equipos de salud familiar, en cabeza de un médico general con enfoque de familia. ¿Si será posible que funcione un sistema cuando sus profesionales base, están explotados y sin incentivo? Ninguno de los mencionados proyectos está considerando políticas de formación, actualización continua y remuneración de los profesionales de la salud. Y este es uno de los temas críticos, en el caos que padece el sistema de salud colombiano. Nadie se pregunta ¿por qué en las regiones hay tan pocos especialistas?, ¿por qué los médicos generales no ven la hora de terminar el rural para venirse a la ciudad?, ¿Por qué hay tan poquitos cupos para hacer especialidades?, ¿por qué en las ciudades no se consiguen camas para atención de patologías de mayor complejidad? Ninguna de estas preguntas se las están haciendo quienes están proponiendo reformas al sistema de salud colombiano; si se las hicieran y les buscaran respuesta, resolverían gran parte del problema.

Cosas personales

Es frecuente que con estos cambios de clima, rápida e inesperadamente empecemos a presentar síntomas de las gripas tan comunes que vemos por ahí, a las que todos le queremos sacar el cuerpo, generalmente con resultados infructuosos. Eso fue lo que creí me había pasado esta semana, cuando mientras estaba en un centro comercial, se desato tremendo aguacero y posterior a el empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza. Posiblemente por esta causa, u otra que aun no hemos podido encontrar, a las 4 de la mañana, este mismo síntoma me hiso acudir al servicio de urgencias de una prestigiosa institución hospitalaria. Cuál no sería mi susto, al ver que la doctora que me iba a atender, era la misma manicurista del salón de belleza que hay en el centro comercial, la cual yo había visto tan solo 8 horas antes comprando una hamburguesa.
La verdad fui muy bien atendido, la infraestructura, los equipos y las competencias profesionales de quienes me brindaron sus servicios no tienen tacha, ¡incluyendo a la manicurista!, que finalmente, resulto no siendo tal, sino una profesional de las más altas calidades, simplemente con un pequeño vicio que además de peligroso es degradante con los profesionales de la salud. Ella como muchos profesionales del sector, acostumbra ponerse su traje de cirugía o de atención de urgencias, lo que en el medio llamamos la “pijama”, desde su casa, o quitárselo solo al llegar ella, pero en el intervalo entre casa-hospital-casa, van al banco, entran al centro comercial o al mercado, a comprar el regalo para el amigo secreto o como lo vi no hace mucho, entran a la joyería a comprar el anillo de compromiso para la prometida; o simplemente como lo hiso quien me atendió, entro a comprar las viandas para una larga noche de turno. Otros salen a coger el bus, entran a comprar la leche y la carne para la comida o van al cine.
Pareciera, según se ve entre los muchos que además de andar con la “pijama” por toda la ciudad, también se cuelgan el carnet y el estetoscopio; que en las facultades de medicina, enfermería y otras instituciones formadoras de recurso humano en salud, no les enseñaran lo básico, ¿para que se usa ese traje?, precisamente para lograr todo lo contrario a lo que están haciendo, no contaminar los lugares de atención, ni llevar gérmenes de los lugares de atención a los espacios de concentración de público y mucho menos al hogar. Hay que enseñarles que esta ropa, no se hiso para que los ciudadanos se dieran cuenta a que sector profesional pertenecen o en cual se están formando. Para hacerse notar hay otras formas más asépticas.
Creo, que tanto las instituciones formadoras de recurso humano en estas áreas, como las secretarias de salud, deberían tomar acciones correctivas inmediatas, como también incluiría en los códigos de policía una sanción para quienes acostumbren hacer esto. Primero porque me parece que ridiculizan estas profesiones y segundo, que es lo más importante, porque están poniendo en riesgo la salud de todos aquellos con los que están teniendo algún contacto.
Como hoy me referí a cosas personales, van dos muy directas: una, para el cirujano de un hospital de Itagüi, él sabrá quién es, que gusta inclusive de ir a clase, con su ropa de cirugía. ¡Que miedo de todos los gérmenes que pueda llevar encima! Y dos, que pena con la doctora que me atendió, la verdad me pareció excelente médica, en su trato y en sus conocimientos, pero cuando la vi en el centro comercial, estaba vestida igualita a como se visten los peluqueros y manicuristas del centro de estética que hay allí.

La mala hora de Compromiso

Si hoy me aplicaran una encuesta con la Escala de medición de Likert, sobre lo que pienso del estilo de hacer política de Compromiso Ciudadano y de su jefe Sergio Fajardo, entre las opciones: a) muy de acuerdo, b) de acuerdo, c) indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo, d) en desacuerdo y e) muy en desacuerdo. No tendría ninguna duda en optar por la opción c). Digo esto, para dejar en claro que no tengo por qué ser ni detractor, ni defensor de dicho movimiento, ni de sus dirigentes. Tendría muchas razones para elogiarlos: en un momento los vi como una alternativa fresca, positiva y diferente; le enseñaron a los ciudadanos a darse la oportunidad de votar como realmente quisieran, demostrándoles que haciéndolo así era la mejor forma de elegir bien; igualmente han hecho más transparentes los procesos de contratación pública, entre muchas otras cosas positivas. También tendría argumentos para atacarlos, puede que como alternativa siga siendo positiva, pero ya ni frescos ni diferentes; ya no presentan a nadie nuevo para votar por él, se convirtieron en la misma camarilla de unos pocos que se creen la única opción para todo; y cambiaron la tan criticada burocracia partidista por la burocracia amiguera, que termino siendo igualmente partidista, no azul ni roja, si fajardista. Por eso, sopesando los pro y los contra quedan en cero, en equilibrio, y nada más cercano a la extinción que lo cercano a cero.
Sin embargo, frente a los hechos recientes si asumo una posición, me parece injustificado, para ser respetuoso con quienes difieran de mi, el escándalo causado por el famoso contrato hecho a Sergio Fajardo, para que cumpliera “funciones de candidato a la vicepresidencia”. Creo que su único equivoco fue pecar de sobre legalistas, quisieron hacer tan claros y visibles los gastos del candidato vicepresidencial, que la mejor forma era plasmarlo en un contrato. Ingenuos los que creen que Sergio Fajardo se vendió por 104 millones de pesos o que Mockus lo compró por eso. Un candidato tiene gastos y para ello se estableció la financiación estatal de las campañas, peor fuera que los recursos para sufragar estos, salieran de contratistas o proveedores del estado, o mas grave aun de personajes que no puedan ser presentados.
Igualmente injustificada la reacción de algunos concejales de Medellín, por el supuesto informe descriptivo de cada uno de los miembros de la corporación, hecho como trabajo académico por una asistente del concejal Santiago Londoño, quien con altura reconoció la autoría, pero también anotó que lo había descalificado y desechado como insumo investigativo. Quienes tomamos la decisión de ejercer actividades públicas como la política, de antemano aceptamos someternos al escrutinio y escarnio de quien quiera. Hasta donde se conoce, para hacer este informe no se utilizaron métodos indebidos o ilegales, para saber si un concejal se pinta el pelo, usa anillos, profesa alguna ideología, habla mucho o poco, o tiene actitudes y costumbres indecentes, basta con asistir al recito o departir con él en algunas de sus múltiples actividades sociales. ¿Por qué entonces tanto escándalo? Hay medios de comunicación y periodistas que se refieren en peores términos sobre los políticos y los concejales, mientras ello no raye en la injuria, en la calumnia o en el descredito injustificado, hay que entenderlo como gajes del oficio.
¿Qué es entonces lo que le están cobrando a Fajardo y a su equipo?, ¿por qué la mala hora de compromiso ciudadano? Creo que se equivocaron señalando y sacando ventaja política de ello, para terminar siendo más de lo mismo. Honrados, al igual que muchos en los partidos tradicionales, pero finalmente iguales en todo lo otro y esto es lo que los enemigos aprovechan y la opinión pública no perdona, una esperanza mas fallida, que finalmente cayó en el remolino de las mismas prácticas políticas tradicionales.

¿Para donde se fueron?

Volver a hablar del tema de la Universidad de Antioquia para algunos sería redundante y para otros sería solo parte del profundo análisis que se debe hacer, no solo sobre esta institución, sino sobre toda la universidad pública en Colombia y aun mas, sobre la educación superior en general. Endilgar responsabilidades sería muy fácil, dependiendo de la posición o el estamento desde el cual se haga el juicio. Responsabilidad de todos: de un Estado sobreprotector y confundido entre la autonomía universitaria y la responsabilidad de garantizar derechos a todos los ciudadanos; de unos estudiantes y docentes que fluctúan entre la indiferencia, el temor a las fuerzas internas, hasta la colaboración y el ejercicio desestabilizador anárquico; y de unas directivas que por complacientes se convirtieron con el tiempo en alcahuetes y corresponsables de los muchos males que al interior del “alma mater” encontraron un excelente caldo de cultivo, germinaron, se asentaron y hoy amenazan gravemente su fin primordial y la institucionalidad.
Los disturbios generados por la adopción de la tarjeta integrada personal (TIP), solo fueron una excusa para evidenciar la lucha de poderes que al interior de la universidad se presenta. Disputa ilógica entre unas mafias de narcotráfico, prostitución, pequeño comercio, dominio de espacios y mucho más, contra la institucionalidad, responsable de definir y dirigir el rumbo administrativo y académico de esta colectividad. Disputa que nunca debió presentarse, por que los segundos jamás debieron haber permitido a los primeros y no podrán alegar desconocimiento o prematures del fenómeno, porque allí del “aeropuerto” se habla hace mas de 20 años y de los venteros ambulantes hace mas de 10, por solo mencionar dos ejemplos.
Pero este fenómeno no es exclusivo de la U de A, no el de las protestas, si no el de las lacras de la sociedad, que quieren carcomer las instituciones educativas. El problema no es que desaparezca de la de Antioquia los venteros ambulantes, el comercio y consumo de drogas ilícitas, el tráfico de armas, la presencia subversiva y la prostitución, el problema es que este mismo fenómeno ya es evidente en muchas otras instituciones de la ciudad y con seguridad del país. Pareciera que el Ministerio de Educación y la fuerza pública estuvieran asumiendo hoy la misma actitud que desde hace varios años tomaron las directivas de la U de A, actitud que hoy tanto lamentan y que tanto nos costará resarcir sus consecuencias.
Hay que caminar la sede en Medellín de la Universidad Nacional, hablar con algunos de sus directivos, docentes y estudiantes, para evidenciar la preocupación allí existente por la presencia y el incremento de estos fenómenos en los últimos tiempos y con mayor fuerza después del cierre de la U de A. solo transitar desde las afueras y mirar al interior desde la malla, causa tristeza ver jóvenes consumiendo droga, pero lo repito, este no es un fenómeno solo de la universidad pública, igual de deprimente es pasar por la avenida La playa entre el palo y Girardot, donde está ubicada la institución CENSA, ni las autoridades ni los directivos se han preocupado por lo que en las afueras de esta institución pasa desde tempranas horas de la mañana.
A todos nos corresponde preguntarnos ¿Para donde se fueron los que al interior de la U de A generaron la inestabilidad? La respuesta la encontramos como mínimo, al frente de todas las universidades o institutos técnicos y tecnológicos de la ciudad, donde cada vez más se ve un desorden que poco a poco llega al caos. No se salvan ni las más encumbradas universidades ni los más modestos institutos.