El objetivo de las universidades debe ser la investigación, el debate respetuoso, la amistad y el fomento del conocimiento en todos los saberes. Más aún, la universidad debe fomentar la búsqueda del bien común entre los estudiantes. De lo anterior vale la pena preguntarnos, ¿qué pasa cuando las universidades se convierten en espacios en donde se ataca el bien común por parte de unos pocos?, ¿debe el Estado intervenir? La respuesta es sí.
Es importante partir de una idea, la universidad no es un espacio en donde deba haber presencia de la fuerza pública constante debido a que es un lugar que en principio no demanda esta situación. No obstante, cuando la universidad es permeada por grupos armados ilegales que planean atentar en contra del Estado y de la ciudadanía, la situación es diferente. La universidad no puede ser un terreno vedado para la policía y demás instituciones del Estado. Es absurdo pensar que en una sociedad democrática pueda haber zonas en donde haya un acceso restringido o prohibido para la policía y el ejército. La idea anterior va en contra de una de las funciones básicas del Estado que es la de ejercer un control efectivo sobre un territorio y proteger a su población. Es impensable por lo tanto establecer límites contarios a la razón misma del Estado colombiano.
Los colombianos todavía recordamos y lamentamos la existencia de la zona de despeje del Caguán. Un territorio de 42.000 kilómetros entregado al grupo terrorista de las FARC, un espacio en donde se impedía el ingreso de las instituciones democráticas colombianas y, desde donde se fraguaron atentados en contra de la población colombiana. No podemos permitir por ningún motivo que la universidad pública se convierta en una especie de pequeño Caguán.
Es una lastima que debido a grupos minúsculos de estudiantes y células de grupos armados ilegales la fuerza pública tenga que ingresar a la universidad, un espacio que como hemos dicho está diseñado para el conocimiento y el desarrollo intelectual de las personas, un lugar desde donde se promueva el respeto y la paz y no lo contrario. Sin embargo, mientras existan facciones armadas anti democráticas, es el deber constitucional de las instituciones del Estado hacerse presente y enfrentar con toda la decisión a estos grupos. Discusión respetuosa y pacífica sí, acciones armadas e ilegales, no por ninguna razón.
La autonomía universitaria no puede ser excusa para el fomento y la protección a la anarquía, el principio de AUTONOMIA tiene un antecedente que es el AUTOCONTROL, si los estamentos universitarios no tienen la capacidad de regirse y controlarse autónomamente y garantizar la libertad y el libre ejercicio de derechos para todos, unos pocos no podrán entonces usurparlos o coartarlos amparados en la supuesta franquicia territorial universitaria. No podemos permitir territorios vedados para el orden y libres para la anarquía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario