Terminando la actual legislatura, el Congreso de la Republica aprobó el proyecto de Ley 280, por el cual se destinan rentas de destinación específica para la salud, tratando de subsanar de esta forma el grave déficit que viene presentando este sector desde hace muchos años. Déficit que el Presidente de la Republica, quiso intervenir con la expedición de los decretos de Emergencia Social dictados en diciembre de 2009 y enero de los corrientes. Todos conocemos cual fue el final de estos decretos, que si bien en muchos casos eran necesarios, la forma como fueron elaborados, a escondidas y sin considerar a las partes involucradas, llevaron al rechazo general de los colombianos. Pero adicionalmente, su sustento no fue considerado como válido por la Corte Constitucional, que en sentencias emitidas el 16 de abril de este año, declaro inexequibles la totalidad de estos.
Sin embargo, ante la gravedad y el riesgo de la situación de salud en el país, la Corte en un fallo del cual se apartaron cuatro magistrados, utilizó la figura del “efecto diferido” para el Decreto 127 del 21 de enero de 2010, que buscaba modificar el impuesto sobre las ventas aplicable a la cerveza, los juegos de suerte y azar, consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillo y tabaco elaborado, destinando estos ingresos al sistema de salud. Determinó este tribunal, que dicho Decreto mantendría su vigencia hasta el 16 de diciembre del 2010, fecha para la que el Congreso de la Republica, debería tramitar y aprobar una ley que sustituyera con igual beneficio este Decreto. Esta fue la razón por la que el Congreso tramito el proyecto de Ley 280 de 2010, mediante el cual el Gobierno Nacional espera recaudar, según cuentas de pesimistas y optimistas, entre ochocientos mil millones y un billón doscientos mil millones adicionales para el sistema.
Nadie podrá negar la importancia de estos recursos nuevos, pero definitivamente la salud en Colombia no podrá salir de su crisis, mientras los actores no asuman su responsabilidad a cabalidad o en tanto el Gobierno no tenga mayores herramientas de inspección, vigilancia y control, que le permita poner en cintura a aquellos que desde alguna de las instancias del sistema, están debilitando a otros sectores.
Solo en el transcurso de esta semana, los medios de comunicación han informado sobre el déficit de Metrosalud, del hospital de Ciudad Bolívar, del hospital de Apartadó, del hospital de Yarumal, del hospital de Puerto Berrío, del hospital de Guatapé donde sus funcionarios tuvieron que entrar en cese de actividades. Las dificultades de estas entidades mencionadas y de muchas mas de diferentes niveles de complejidad, tanto públicas como privadas, tienen un común denominador, la altísima cartera de las EPS del régimen contributivo y subsidiado. Son estos intermediarios los que tienen en gran medida desequilibrado al sistema y los que cada vez obligan por la vía del no pago, de las glosas o de la negociación de tarifas a que la calidad y la oportunidad del servicio ofrecido por los prestadores sea más deficiente.
Urge en Colombia a demás de las medidas tributarias que garanticen nuevos recursos, medidas para fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud y convertirla en el eje integrador del sistema de inspección, vigilancia y control, y así garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud. Igualmente se requiere regularizar y agilizar el flujo de recursos entre pagadores y prestadores de servicios, corrigiendo fallas y demoras injustificadas, al igual que mejorando la gestión gerencial en los prestadores de servicios, tal como lo consideraban los decretos 126 y 133 dictados al amparo de la Emergencia Social y sobre los cuales, lastimosamente la Corte Constitucional no consideró el “efecto diferido”.
Sin embargo, ante la gravedad y el riesgo de la situación de salud en el país, la Corte en un fallo del cual se apartaron cuatro magistrados, utilizó la figura del “efecto diferido” para el Decreto 127 del 21 de enero de 2010, que buscaba modificar el impuesto sobre las ventas aplicable a la cerveza, los juegos de suerte y azar, consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillo y tabaco elaborado, destinando estos ingresos al sistema de salud. Determinó este tribunal, que dicho Decreto mantendría su vigencia hasta el 16 de diciembre del 2010, fecha para la que el Congreso de la Republica, debería tramitar y aprobar una ley que sustituyera con igual beneficio este Decreto. Esta fue la razón por la que el Congreso tramito el proyecto de Ley 280 de 2010, mediante el cual el Gobierno Nacional espera recaudar, según cuentas de pesimistas y optimistas, entre ochocientos mil millones y un billón doscientos mil millones adicionales para el sistema.
Nadie podrá negar la importancia de estos recursos nuevos, pero definitivamente la salud en Colombia no podrá salir de su crisis, mientras los actores no asuman su responsabilidad a cabalidad o en tanto el Gobierno no tenga mayores herramientas de inspección, vigilancia y control, que le permita poner en cintura a aquellos que desde alguna de las instancias del sistema, están debilitando a otros sectores.
Solo en el transcurso de esta semana, los medios de comunicación han informado sobre el déficit de Metrosalud, del hospital de Ciudad Bolívar, del hospital de Apartadó, del hospital de Yarumal, del hospital de Puerto Berrío, del hospital de Guatapé donde sus funcionarios tuvieron que entrar en cese de actividades. Las dificultades de estas entidades mencionadas y de muchas mas de diferentes niveles de complejidad, tanto públicas como privadas, tienen un común denominador, la altísima cartera de las EPS del régimen contributivo y subsidiado. Son estos intermediarios los que tienen en gran medida desequilibrado al sistema y los que cada vez obligan por la vía del no pago, de las glosas o de la negociación de tarifas a que la calidad y la oportunidad del servicio ofrecido por los prestadores sea más deficiente.
Urge en Colombia a demás de las medidas tributarias que garanticen nuevos recursos, medidas para fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud y convertirla en el eje integrador del sistema de inspección, vigilancia y control, y así garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud. Igualmente se requiere regularizar y agilizar el flujo de recursos entre pagadores y prestadores de servicios, corrigiendo fallas y demoras injustificadas, al igual que mejorando la gestión gerencial en los prestadores de servicios, tal como lo consideraban los decretos 126 y 133 dictados al amparo de la Emergencia Social y sobre los cuales, lastimosamente la Corte Constitucional no consideró el “efecto diferido”.
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