Hace exactamente un año, el 25 de agosto de 2009, escribí en mi blog http://www.carlosmariomontoya.blogspot.com/, un artículo que titulé “La fuerza pública y la universidad”. Hoy quiero reproducirlo, con algunas pocas correcciones, porque al igual que hace uno y 20 años, la Universidad de Antioquia pretende ser dominada por unos pocos anarquistas, que no consideran para el logro de sus propósitos desestabilizadores, el gran esfuerzo con el que la inmensa mayoría de jóvenes ingresa y logra mantenerse estudiando en este claustro. ¿Quiénes estudian en la U de A? ¿Acaso no son los más destacados bachilleres de todas las regiones de Antioquia y aun de Colombia?, bachilleres que a pesar de sus dificultades económicas se esfuerzan por destacarse y que con dificultades propias y familiares se sostienen en Medellín, esperando concluir pronto sus estudios y empezar a producir para sí mismos y los suyos. Es con estos jóvenes esforzados y dedicados con quien tenemos que ser solidarios.
El objetivo de las universidades debe ser la investigación, el debate respetuoso, el aprecio por el conocimiento y su estímulo en todos los saberes. Más aún, la universidad debe fomentar la búsqueda del bien común para todos sus estamentos. De lo anterior vale la pena preguntarnos, ¿qué pasa cuando las universidades se convierten en espacios en donde se ataca el bien común por parte de unos pocos?, ¿debe el Estado intervenir? La respuesta es sí.
Es importante tener como principio, que la universidad no es un espacio donde deba haber presencia constante de la fuerza pública, debido a que es un escenario que por fundamento no demanda esta situación. No obstante, cuando la universidad es permeada por grupos armados ilegales, que planean atentar en contra del Estado y de la ciudadanía, la situación es diferente. La universidad no puede ser un terreno vedado para la policía y demás instituciones del Estado. Es absurdo pensar que en una sociedad democrática pueda haber zonas en donde haya un acceso restringido o prohibido para la policía y el ejército, esto iría en contra de una de las funciones básicas del Estado cual es la de ejercer un control efectivo sobre un territorio y proteger a su población. Es impensable por lo tanto, establecer límites contarios a la razón misma del Estado colombiano.
Los colombianos todavía recordamos y lamentamos la existencia de la zona de despeje del Caguán. Un territorio de 42.000 kilómetros entregado al grupo terrorista de las FARC, un espacio en donde se impedía el ingreso de las instituciones democráticas colombianas y desde donde se fraguaron atentados en contra de la población colombiana. No podemos permitir por ningún motivo que la universidad pública se convierta en una especie de pequeño Caguán.
Es una lastima que debido a grupos minúsculos de estudiantes y células de grupos armados ilegales externos, la fuerza pública tenga que ingresar a la universidad, un espacio que como hemos dicho está diseñado para el conocimiento y el desarrollo intelectual de las personas, un lugar desde donde se promueva el respeto y la paz y no lo contrario. Sin embargo, mientras existan facciones subversivas y anti democráticas, es el deber constitucional de las instituciones del Estado hacerse presente y enfrentar con toda la decisión a estos grupos. Discusión respetuosa y pacífica sí, acciones vandálicas e ilegales, no por ninguna razón.
La autonomía universitaria no puede ser excusa para el fomento y la protección a la anarquía, el principio de “autonomía” tiene uno antecedente que es el “autocontrol”, si los estamentos universitarios no tienen la capacidad de regirse y controlarse autónomamente y garantizar la libertad y el libre ejercicio de derechos para todos, unos pocos no podrán entonces usurparlos o coartarlos, amparados en la supuesta franquicia territorial universitaria. No podemos permitir territorios vedados para el orden y libres para la anarquía.
El objetivo de las universidades debe ser la investigación, el debate respetuoso, el aprecio por el conocimiento y su estímulo en todos los saberes. Más aún, la universidad debe fomentar la búsqueda del bien común para todos sus estamentos. De lo anterior vale la pena preguntarnos, ¿qué pasa cuando las universidades se convierten en espacios en donde se ataca el bien común por parte de unos pocos?, ¿debe el Estado intervenir? La respuesta es sí.
Es importante tener como principio, que la universidad no es un espacio donde deba haber presencia constante de la fuerza pública, debido a que es un escenario que por fundamento no demanda esta situación. No obstante, cuando la universidad es permeada por grupos armados ilegales, que planean atentar en contra del Estado y de la ciudadanía, la situación es diferente. La universidad no puede ser un terreno vedado para la policía y demás instituciones del Estado. Es absurdo pensar que en una sociedad democrática pueda haber zonas en donde haya un acceso restringido o prohibido para la policía y el ejército, esto iría en contra de una de las funciones básicas del Estado cual es la de ejercer un control efectivo sobre un territorio y proteger a su población. Es impensable por lo tanto, establecer límites contarios a la razón misma del Estado colombiano.
Los colombianos todavía recordamos y lamentamos la existencia de la zona de despeje del Caguán. Un territorio de 42.000 kilómetros entregado al grupo terrorista de las FARC, un espacio en donde se impedía el ingreso de las instituciones democráticas colombianas y desde donde se fraguaron atentados en contra de la población colombiana. No podemos permitir por ningún motivo que la universidad pública se convierta en una especie de pequeño Caguán.
Es una lastima que debido a grupos minúsculos de estudiantes y células de grupos armados ilegales externos, la fuerza pública tenga que ingresar a la universidad, un espacio que como hemos dicho está diseñado para el conocimiento y el desarrollo intelectual de las personas, un lugar desde donde se promueva el respeto y la paz y no lo contrario. Sin embargo, mientras existan facciones subversivas y anti democráticas, es el deber constitucional de las instituciones del Estado hacerse presente y enfrentar con toda la decisión a estos grupos. Discusión respetuosa y pacífica sí, acciones vandálicas e ilegales, no por ninguna razón.
La autonomía universitaria no puede ser excusa para el fomento y la protección a la anarquía, el principio de “autonomía” tiene uno antecedente que es el “autocontrol”, si los estamentos universitarios no tienen la capacidad de regirse y controlarse autónomamente y garantizar la libertad y el libre ejercicio de derechos para todos, unos pocos no podrán entonces usurparlos o coartarlos, amparados en la supuesta franquicia territorial universitaria. No podemos permitir territorios vedados para el orden y libres para la anarquía.
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