Juntos Por La Vida
Desde hace dos años y medio le solicité al señor Presidente de la República que se liberaran los recursos del Fosyga para atajar a tiempo la grave situación que vivía el sector salud, situación que hoy pasó a convertirse en una realidad intolerable. La tardía respuesta son unos decretos que no fueron suficientemente concertados, explicados y socializados.
Es cierto que algunos profesionales de la salud no siempre actúan dentro del marco científico y que pueden generar importantes sobrecostos económicos y sociales, y en muchas ocasiones con serias repercusiones en la salud de los usuarios. Pero el control de estas conductas ya estaba contemplado en el código de ética, en las reglamentaciones de Comité Técnico Científico, en los comité de auditoría de las instituciones y era precisamente con las sociedades científicas con quien habría que haber planteado estrategias para que el quehacer medico se acogiera a lo que cualquier ciudadano del común esperaría, es decir, una actuación dentro del leal saber y entender en su disciplina enmarcado en unos parámetros científicos.
De otro lado, una sociedad moderna no puede tolerar que un enfermo con posibilidad de recuperación se deje a su suerte por el simple hecho de que los recursos de un fondo se agoten. Eso no puede caber en la cabeza de un demócrata convencido de que el estado moderno existe en función de las necesidades fundamentales d
La cofinanciación de los servicios no POS o de los servicios ahora llamados excepcionados, por parte de los usuarios no es un invento del gobierno, sino que es uno de los cuatro criterios que la corte constitucional ha esgrimido desde hace mas de diez años en cada uno de los fallos de tutela que le ha correspondido realizar, y existe una larga historia de tutelas denegadas porque en concepto de la corte el usuario tenía capacidad para pagar el servicio. Lógicamente esto se ha aplicado cuando se ha demostrado ingresos superiores por parte del usuario pero, trasladar ese criterio de la corte a todas los estratos sociales es no solo inviable sino además regresivo y éticamente reprochable, por el simple hecho de condenar a un usuario a la imposibilidad de acceder a un servicio. Es claro que aquí los decretos se equivocaron, que no fueron adecuadamente dimensionados, que no tuvieron criterios de alcance, que no tuvieron elementos de concertación, y esto fue patéticamente visible con la “patraciada” del señor Ministro de Protección Social cuando en medio de los gagueos aclaraba que ya no se iban a tocar las cesantías, dejándonos en la incertidumbre de a qué patrimonios o qué capital del usuario se refería cuando trataba de justificar la medida.
No podemos seguir aceptando que la salud de los colombianos se siga manejando con los pies. O hacemos un gran pacto entre todos los actores del sistema que permita hacer una reestructuración a fondo, o seguiremos cuesta abajo en la rodada, sin nada que nos pare, sin saber que nos pasó.
Es cierto que algunos profesionales de la salud no siempre actúan dentro del marco científico y que pueden generar importantes sobrecostos económicos y sociales, y en muchas ocasiones con serias repercusiones en la salud de los usuarios. Pero el control de estas conductas ya estaba contemplado en el código de ética, en las reglamentaciones de Comité Técnico Científico, en los comité de auditoría de las instituciones y era precisamente con las sociedades científicas con quien habría que haber planteado estrategias para que el quehacer medico se acogiera a lo que cualquier ciudadano del común esperaría, es decir, una actuación dentro del leal saber y entender en su disciplina enmarcado en unos parámetros científicos.
De otro lado, una sociedad moderna no puede tolerar que un enfermo con posibilidad de recuperación se deje a su suerte por el simple hecho de que los recursos de un fondo se agoten. Eso no puede caber en la cabeza de un demócrata convencido de que el estado moderno existe en función de las necesidades fundamentales d
La cofinanciación de los servicios no POS o de los servicios ahora llamados excepcionados, por parte de los usuarios no es un invento del gobierno, sino que es uno de los cuatro criterios que la corte constitucional ha esgrimido desde hace mas de diez años en cada uno de los fallos de tutela que le ha correspondido realizar, y existe una larga historia de tutelas denegadas porque en concepto de la corte el usuario tenía capacidad para pagar el servicio. Lógicamente esto se ha aplicado cuando se ha demostrado ingresos superiores por parte del usuario pero, trasladar ese criterio de la corte a todas los estratos sociales es no solo inviable sino además regresivo y éticamente reprochable, por el simple hecho de condenar a un usuario a la imposibilidad de acceder a un servicio. Es claro que aquí los decretos se equivocaron, que no fueron adecuadamente dimensionados, que no tuvieron criterios de alcance, que no tuvieron elementos de concertación, y esto fue patéticamente visible con la “patraciada” del señor Ministro de Protección Social cuando en medio de los gagueos aclaraba que ya no se iban a tocar las cesantías, dejándonos en la incertidumbre de a qué patrimonios o qué capital del usuario se refería cuando trataba de justificar la medida.
No podemos seguir aceptando que la salud de los colombianos se siga manejando con los pies. O hacemos un gran pacto entre todos los actores del sistema que permita hacer una reestructuración a fondo, o seguiremos cuesta abajo en la rodada, sin nada que nos pare, sin saber que nos pasó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario