En los últimos días he escuchado en varias emisoras, algunos comerciales del gobierno nacional con los que quieren resaltar las bondades de los decretos de la emergencia social. Entre tanta cosa que el gobierno hizo es lógico que hubiese algunos elementos que se podrían resaltar como positivos pero indiscutiblemente quedan minimizados por lo equivocado que fue el contexto general de la normatividad, que con justa razón ha recibido un unánime y rotundo rechazo por parte de todos los colombianos a pesar de la insistencia del presidente en defenderlos.
Mucho se ha hablado de la inconveniencia tanto para el goce pleno del derecho a la salud, como para el ejercicio ético de las ciencias de la salud y no voy a recalcar más en ello. Quiero presentar algunas alternativas que serían las medidas que propondría si fuera yo quien tomara la decisión.
Según análisis del mismo Ministerio de Protección Social, el déficit del sector salud asciende a casi 2 billones de pesos y las reformas propuestas en el mejor de los casos y según los cálculos de los más optimistas, no alcanzaría a recaudar 0.8 billones de pesos en el transcurso de un año, pero cumplido este plazo ya el sistema tendría un déficit de 3 billones, lo que en esencia haría que los decretos y todo el mare mágnum que han generado fueran inoficiosos. Y sobre este tema radica mi primera propuesta: Necesariamente tendremos que usar recursos de los 7 billones que hoy se encuentran en el FOSYGA, finalmente para eso existe este fondo, para compensar el sistema cuando este se desequilibre.
Como segunda medida, tendremos que establecer mecanismos y exigirle a la superintendencia de salud que cumpla cabal y eficientemente su responsabilidad, y no permita que los diferentes actores del sistema evadan su compromiso o dilaten el tiempo en el cual lo deben cumplir, en especial aquellos responsables de la intermediación del recurso económico que con su dilación en el flujo someten a prestadores y proveedores a un permanente déficit que necesariamente conlleva a la falta de capacidad para ofrecer servicios oportunos y con calidad.
Por último considero que a los entes territoriales departamentales se les debe entregar mayores responsabilidades, pero a su vez mayores herramientas que les permita desde esa instancia, hacer mayor y mejor vigilancia y control de la red de prestadores de su región y a su vez, garantizar una mejor coordinación y planificación del desarrollo de la red pública en cada departamento. Esto permitiría tener un nivel de control y de decisión oportuna y más próxima a cada uno de los actores del sistema de salud. El estado colombiano debe confiar más en la capacidad de su red pública, pero debe disponer de recursos económicos para fortalecerla y modernizarla, y de herramientas jurídicas para vigilarlas, controlarlas e intervenirlas cuando corresponde con mayor celeridad y eficiencia.
Nota Adicional: ¿Por qué será que tantos desempleados en las regiones de Antioquia encontraron empleo o por lo menos ingresos, justo en estos meses de efervescencia electoral de cuenta de algunas administraciones del Área Metropolitana y de la Gobernación de Antioquia?
Mucho se ha hablado de la inconveniencia tanto para el goce pleno del derecho a la salud, como para el ejercicio ético de las ciencias de la salud y no voy a recalcar más en ello. Quiero presentar algunas alternativas que serían las medidas que propondría si fuera yo quien tomara la decisión.
Según análisis del mismo Ministerio de Protección Social, el déficit del sector salud asciende a casi 2 billones de pesos y las reformas propuestas en el mejor de los casos y según los cálculos de los más optimistas, no alcanzaría a recaudar 0.8 billones de pesos en el transcurso de un año, pero cumplido este plazo ya el sistema tendría un déficit de 3 billones, lo que en esencia haría que los decretos y todo el mare mágnum que han generado fueran inoficiosos. Y sobre este tema radica mi primera propuesta: Necesariamente tendremos que usar recursos de los 7 billones que hoy se encuentran en el FOSYGA, finalmente para eso existe este fondo, para compensar el sistema cuando este se desequilibre.
Como segunda medida, tendremos que establecer mecanismos y exigirle a la superintendencia de salud que cumpla cabal y eficientemente su responsabilidad, y no permita que los diferentes actores del sistema evadan su compromiso o dilaten el tiempo en el cual lo deben cumplir, en especial aquellos responsables de la intermediación del recurso económico que con su dilación en el flujo someten a prestadores y proveedores a un permanente déficit que necesariamente conlleva a la falta de capacidad para ofrecer servicios oportunos y con calidad.
Por último considero que a los entes territoriales departamentales se les debe entregar mayores responsabilidades, pero a su vez mayores herramientas que les permita desde esa instancia, hacer mayor y mejor vigilancia y control de la red de prestadores de su región y a su vez, garantizar una mejor coordinación y planificación del desarrollo de la red pública en cada departamento. Esto permitiría tener un nivel de control y de decisión oportuna y más próxima a cada uno de los actores del sistema de salud. El estado colombiano debe confiar más en la capacidad de su red pública, pero debe disponer de recursos económicos para fortalecerla y modernizarla, y de herramientas jurídicas para vigilarlas, controlarlas e intervenirlas cuando corresponde con mayor celeridad y eficiencia.
Nota Adicional: ¿Por qué será que tantos desempleados en las regiones de Antioquia encontraron empleo o por lo menos ingresos, justo en estos meses de efervescencia electoral de cuenta de algunas administraciones del Área Metropolitana y de la Gobernación de Antioquia?
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