Ni habiendo vivido en un hueco durante los últimos 20 años, alguien podría desconocer el gran problema humanitario que nuestro país ha padecido en virtud de la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares; y derivados de ellos, otros males no menores, como los desafueros de la fuerza pública, la delincuencia común y la corrupción pública y privada. Una de las mayores consecuencias de estas lacras, es el desplazamiento forzado de la población, la usurpación de sus bienes patrimoniales y la muerte, asesinato o desaparición de miles de compatriotas.
En buena hora el Gobierno Nacional y los partidos políticos, así se peleen como aves de rapiña la autoría de los proyectos, han decidido proponer políticas para la reparación a las víctimas, la restitución a los despojados de sus bienes y la repartición equitativa y justa de la tierra en Colombia, entre los más necesitados. Sin embargo surgen grandes dudas: ¿a quién se va a reparar?, ¿Cuáles son los colombianos verdaderamente merecedores de la restitución, reparación o repartición de lo que el Gobierno y el Congreso consideran justo?, ¿son todos los que se dice?, ¿están todos los que fueron?
Lastimosamente en Colombia, se adolece en casi todos los sectores de un mismo mal, las deficientes bases de datos; deficientes no necesariamente por falta de información, sino por la poca veracidad de estas o su poca fidelidad. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, en nuestra patria en el 2008 se desplazaron 380.863 personas y en el 2009 fueron 286.389; para Acción Social de la Presidencia en el 2008 fueron 315.512 y en el 2009 fueron 168.647. Según Codhes, en los últimos 25 años en este país, se han desplazado forzadamente 4´915.574 personas, de los cuales en el período 2002-2009 fueron 2´412.834. Para Acción Social, en el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, en el periodo 1999-2010, aparecen inscritos como desplazados forzadamente 3´486.305. Ni el sistema de Codhes, ni el de Acción Social, tienen habilitada la función matemática de restar, quiere esto decir, que si en una población hay un desplazamiento, sus habitantes retornan en poco tiempo y luego son re desplazados, esta población fue contada dos o más oportunidades, según las veces que se tuvieron que desplazar y fueron censados. Tampoco se resta a aquellos que ya no son desplazados, por que en Colombia, ni para el Estado ni para las ONG, está determinado con claridad cuando cesa la condición de desplazado.
Igual sucede con las víctimas del conflicto colombiano: ¿cuántas de las 150.000 víctimas de los paramilitares, por no hablar de los de la guerrilla, que reporta la fiscalía, murieron por causas ajenas al conflicto interno, en riñas callejeras, conflictos pasionales o aun en accidentes furtivos, pero gracias a un “pícaro” consejero, terminaron haciendo la declaración como víctima del conflicto en busca de una reparación del Estado? Más complicado es el tema de tierras, ¿cuántas de las supuestas 5.5 millones de hectáreas despojadas y forzadas a abandonar por 380.000 familias, según Codhes, son realmente susceptibles de ser recuperadas y devueltas, o de las 2´000.000 de hectáreas que pretende repartir el Gobierno Nacional a través de la Ley de tierras, están verdaderamente saneadas legal y socialmente?.
En un país de avivatos y en una sociedad que poco a poco se ha acostumbrado a sostenerse con el menor esfuerzo, condición alimentada por el alto nivel de subsidios incontrolados; con unos funcionarios públicos, como algunos personeros municipales que a cambio de un voto, sin escrúpulos dan cartas de desplazados y de victimas a quien no lo es; donde se volvió rutina ayudar con certificaciones y testimonios falsos para que miles de compatriotas, sin justificación se vallan como asilados políticos a otros países; donde se entra a un sistema como desplazado y a pesar de que su condición ya sea boyante, el sistema lo mantendrá con ese estatus por siempre. No se sabrá realmente quien merece el beneficio y con toda seguridad, de no establecer certeros controles, serán los avivatos los que se aprovecharan de él, manteniendo a los violentados sumidos en una profunda miseria.
En buena hora el Gobierno Nacional y los partidos políticos, así se peleen como aves de rapiña la autoría de los proyectos, han decidido proponer políticas para la reparación a las víctimas, la restitución a los despojados de sus bienes y la repartición equitativa y justa de la tierra en Colombia, entre los más necesitados. Sin embargo surgen grandes dudas: ¿a quién se va a reparar?, ¿Cuáles son los colombianos verdaderamente merecedores de la restitución, reparación o repartición de lo que el Gobierno y el Congreso consideran justo?, ¿son todos los que se dice?, ¿están todos los que fueron?
Lastimosamente en Colombia, se adolece en casi todos los sectores de un mismo mal, las deficientes bases de datos; deficientes no necesariamente por falta de información, sino por la poca veracidad de estas o su poca fidelidad. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, en nuestra patria en el 2008 se desplazaron 380.863 personas y en el 2009 fueron 286.389; para Acción Social de la Presidencia en el 2008 fueron 315.512 y en el 2009 fueron 168.647. Según Codhes, en los últimos 25 años en este país, se han desplazado forzadamente 4´915.574 personas, de los cuales en el período 2002-2009 fueron 2´412.834. Para Acción Social, en el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, en el periodo 1999-2010, aparecen inscritos como desplazados forzadamente 3´486.305. Ni el sistema de Codhes, ni el de Acción Social, tienen habilitada la función matemática de restar, quiere esto decir, que si en una población hay un desplazamiento, sus habitantes retornan en poco tiempo y luego son re desplazados, esta población fue contada dos o más oportunidades, según las veces que se tuvieron que desplazar y fueron censados. Tampoco se resta a aquellos que ya no son desplazados, por que en Colombia, ni para el Estado ni para las ONG, está determinado con claridad cuando cesa la condición de desplazado.
Igual sucede con las víctimas del conflicto colombiano: ¿cuántas de las 150.000 víctimas de los paramilitares, por no hablar de los de la guerrilla, que reporta la fiscalía, murieron por causas ajenas al conflicto interno, en riñas callejeras, conflictos pasionales o aun en accidentes furtivos, pero gracias a un “pícaro” consejero, terminaron haciendo la declaración como víctima del conflicto en busca de una reparación del Estado? Más complicado es el tema de tierras, ¿cuántas de las supuestas 5.5 millones de hectáreas despojadas y forzadas a abandonar por 380.000 familias, según Codhes, son realmente susceptibles de ser recuperadas y devueltas, o de las 2´000.000 de hectáreas que pretende repartir el Gobierno Nacional a través de la Ley de tierras, están verdaderamente saneadas legal y socialmente?.
En un país de avivatos y en una sociedad que poco a poco se ha acostumbrado a sostenerse con el menor esfuerzo, condición alimentada por el alto nivel de subsidios incontrolados; con unos funcionarios públicos, como algunos personeros municipales que a cambio de un voto, sin escrúpulos dan cartas de desplazados y de victimas a quien no lo es; donde se volvió rutina ayudar con certificaciones y testimonios falsos para que miles de compatriotas, sin justificación se vallan como asilados políticos a otros países; donde se entra a un sistema como desplazado y a pesar de que su condición ya sea boyante, el sistema lo mantendrá con ese estatus por siempre. No se sabrá realmente quien merece el beneficio y con toda seguridad, de no establecer certeros controles, serán los avivatos los que se aprovecharan de él, manteniendo a los violentados sumidos en una profunda miseria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario