En la Constitución Política y en las leyes del país, son innumerables los artículos que enuncian los derechos de todo orden para los ciudadanos de Colombia. Derechos sobre los cuales, afortunadamente, cada vez existen más mecanismos que permiten su exigibilidad y su cumplimiento, tarea en la cual la Acción de Tutela se ha convertido en la herramienta fundamental. Sin embargo, son sustancialmente menores las referencias a los deberes de los ciudadanos, lo que genera un gran desbalance en la ecuación del Estado, en la que los ciudadanos son los responsables de conformarlo y sostenerlo. Esta ecuación pierde su equilibrio, cuando no hay herramientas que permitan, que la garantía del goce pleno del derecho y la obligatoriedad del cumplimiento del deber, se autorregulen.
En buena hora, la Corte Constitucional “recategorizó” el derecho a la salud como un derecho fundamental, en gracia de ello, ha forzado no solo a los aseguradores y prestadores de servicios, a que brinden las atenciones, que garanticen la salud y la vida, a quien sienta que este derecho le está siendo o corre el riesgo de serle vulnerado; además de haber inducido al Gobierno y al Congreso, a establecer las normas necesarias, para modificar el sistema de salud y garantizar mayor cobertura, oportunidad y eficacia.
Con más emoción que razón, raro en un jugador de póker, el Presidente Santos, supero la apuesta que había hecho la Corte Constitucional y el Congreso, al establecer un Plan Obligatorio de Salud (POS) único, para el régimen contributivo y subsidiado. También supero la apuesta del Gobierno de Uribe, quien en los decretos de emergencia social, quiso igualar los planes por lo bajo, recortando beneficios o aumentando costos. Santos se comprometió con un plan universal, en el cual se cubran todas las necesidades en salud. Vale la pena anotar, que este tipo de coberturas difícilmente se encuentran en los países nórdicos, donde la tasa de desempleo es mínima y casi el 50% del ingreso salarial se va para la seguridad social. Daría mucha tranquilidad y más credibilidad, que el señor Presidente dijera cuanto valdría esta medida, de donde saldrán los recursos y como se garantizaran en el tiempo. Hoy el Fosyga tiene en caja 800 mil millones de pesos y tiene pendientes por pagar un billón doscientos mil millones, y todavía el plan no es universal.
Necesariamente el POS, tendrá que ser único para los subsidiados y los contributivos, y habrá de ser nivelado por lo alto; pero será una falacia creer que podrá ser universal, mientras a los ciudadanos no se les exija el cumplimiento de uno de los pocos deberes que establece la Constitución y la Ley, cual es el auto cuidado. Con la herramienta, ya establecida y por implementar; de la historia clínica única, los ciudadanos que requieran atenciones por fuera del POS, deberían ser coopagadores en proporción inversa al cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, a las que el Estado le obligue. En conclusión, después del Plan Básico, quien se cuide y cumpla que no pague y quien no lo haga, que pague por la irresponsabilidad consigo mismo y con la sociedad.
En buena hora, la Corte Constitucional “recategorizó” el derecho a la salud como un derecho fundamental, en gracia de ello, ha forzado no solo a los aseguradores y prestadores de servicios, a que brinden las atenciones, que garanticen la salud y la vida, a quien sienta que este derecho le está siendo o corre el riesgo de serle vulnerado; además de haber inducido al Gobierno y al Congreso, a establecer las normas necesarias, para modificar el sistema de salud y garantizar mayor cobertura, oportunidad y eficacia.
Con más emoción que razón, raro en un jugador de póker, el Presidente Santos, supero la apuesta que había hecho la Corte Constitucional y el Congreso, al establecer un Plan Obligatorio de Salud (POS) único, para el régimen contributivo y subsidiado. También supero la apuesta del Gobierno de Uribe, quien en los decretos de emergencia social, quiso igualar los planes por lo bajo, recortando beneficios o aumentando costos. Santos se comprometió con un plan universal, en el cual se cubran todas las necesidades en salud. Vale la pena anotar, que este tipo de coberturas difícilmente se encuentran en los países nórdicos, donde la tasa de desempleo es mínima y casi el 50% del ingreso salarial se va para la seguridad social. Daría mucha tranquilidad y más credibilidad, que el señor Presidente dijera cuanto valdría esta medida, de donde saldrán los recursos y como se garantizaran en el tiempo. Hoy el Fosyga tiene en caja 800 mil millones de pesos y tiene pendientes por pagar un billón doscientos mil millones, y todavía el plan no es universal.
Necesariamente el POS, tendrá que ser único para los subsidiados y los contributivos, y habrá de ser nivelado por lo alto; pero será una falacia creer que podrá ser universal, mientras a los ciudadanos no se les exija el cumplimiento de uno de los pocos deberes que establece la Constitución y la Ley, cual es el auto cuidado. Con la herramienta, ya establecida y por implementar; de la historia clínica única, los ciudadanos que requieran atenciones por fuera del POS, deberían ser coopagadores en proporción inversa al cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, a las que el Estado le obligue. En conclusión, después del Plan Básico, quien se cuide y cumpla que no pague y quien no lo haga, que pague por la irresponsabilidad consigo mismo y con la sociedad.
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