Es indiscutible que el ejercicio desmedido de la actividad periodística, es altamente riesgoso para la sociedad y para aquellos ciudadanos víctimas de este. Cuando algún comunicador, avalado y amparado en un medio de comunicación, decide tomar partido, hacer efectiva su filiación política o simplemente actuar por pasiones y posiciones personalistas, no solo desinforma, si no que pone en alto riesgo a aquella persona o institución sobre la cual se descarga en forma insidiosa su pluma. Pero finalmente esta circunstancia puede tener una justa proporción, en la medida en que el comunicador y el medio, tengan quien les ponga control, ya sea las instancias superiores, los propietarios del medio, los defensores de los usuarios, los cánones de ética, las normas o simplemente la opinión pública, que saturada de la incorrecta información, deje de acudir a ellos.
Lo que definitivamente no tiene justa proporción es la corrupción, fruto y germen de las malas prácticas políticas a la que los partidos han llegado, después que sus dirigentes suplantaron el principio según el cual, un político es “la persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado”, por el de la persona que interviene el Estado para los negocios propios. Que otra cosa se podría pensar o decir después de lo que se ha visto por muchos años en la costa colombiana, o los ejemplos de la familia Moreno en Bogotá, o lo que se vivió y padeció en las últimas elecciones para el Congreso en Antioquia. Quien podrá pedirle a un corrupto que limite sus actuaciones ajustándose a la Ley, a la ética, a las indicaciones de sus superiores o al pensamiento de la opinión pública, cuando precisamente es actuando en contra de ellos como logra sus beneficios.
Desde hace muchos años, se volvió común ver como los corruptos descalifican y demandan a los medios de comunicación cuando estos investigan y los vinculan con cualquier acto social o legalmente reprochable; como igualmente es común ver como algunos medios se encargan de acabar con la vida y el futuro político de aquellos que por alguna razón, no obedecieron a sus intereses.
Si de escoger se tratara, ni lo uno ni lo otro. Ni el medio que prejuzga, juzga, condena y absuelve; ni el corrupto que se siente intocable e invoca y reclama a la justicia, que no ha podido defender a la sociedad de él, para que paradójicamente lo proteja. Pero de dos prácticas sociales equivocadas, es preferible aquella que sea posible de corregir pero que, tal como sucede en su mayoría, bien ejercida beneficia a la sociedad y desnuda a quienes le hacen daño. Es más aguantable un medio desbordado, susceptible de controles autónomos o externos, a tener que aprobar el apotegma del fallecido ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, de llevar “la corrupción a sus justas proporciones”; se murió sin contarnos cual era esa justa proporción, y al parecer, tampoco se lo conto ni a sus hijos, ni a sus nietos.
Lo que definitivamente no tiene justa proporción es la corrupción, fruto y germen de las malas prácticas políticas a la que los partidos han llegado, después que sus dirigentes suplantaron el principio según el cual, un político es “la persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado”, por el de la persona que interviene el Estado para los negocios propios. Que otra cosa se podría pensar o decir después de lo que se ha visto por muchos años en la costa colombiana, o los ejemplos de la familia Moreno en Bogotá, o lo que se vivió y padeció en las últimas elecciones para el Congreso en Antioquia. Quien podrá pedirle a un corrupto que limite sus actuaciones ajustándose a la Ley, a la ética, a las indicaciones de sus superiores o al pensamiento de la opinión pública, cuando precisamente es actuando en contra de ellos como logra sus beneficios.
Desde hace muchos años, se volvió común ver como los corruptos descalifican y demandan a los medios de comunicación cuando estos investigan y los vinculan con cualquier acto social o legalmente reprochable; como igualmente es común ver como algunos medios se encargan de acabar con la vida y el futuro político de aquellos que por alguna razón, no obedecieron a sus intereses.
Si de escoger se tratara, ni lo uno ni lo otro. Ni el medio que prejuzga, juzga, condena y absuelve; ni el corrupto que se siente intocable e invoca y reclama a la justicia, que no ha podido defender a la sociedad de él, para que paradójicamente lo proteja. Pero de dos prácticas sociales equivocadas, es preferible aquella que sea posible de corregir pero que, tal como sucede en su mayoría, bien ejercida beneficia a la sociedad y desnuda a quienes le hacen daño. Es más aguantable un medio desbordado, susceptible de controles autónomos o externos, a tener que aprobar el apotegma del fallecido ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, de llevar “la corrupción a sus justas proporciones”; se murió sin contarnos cual era esa justa proporción, y al parecer, tampoco se lo conto ni a sus hijos, ni a sus nietos.
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